LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO, DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

("BOE" núm. 285, de 27 de noviembre; corrección de errores en "BOE núm. 311, de 28 de diciembre de 1992)

El artículo 97 de la Constitución recupera para el Gobierno el ámbito político de la función de gobernar, perfilando "con nitidez los rasgos propios que definen al Gobierno y a la Administración como instituciones públicas constitucionalmente diferenciadas y los que establecen la subordinación de la Administración a la acción política de dirección de Gobierno".

La Administración Local tiene una regulación específica en su actual Ley de Bases (LRBRL), que no ofrece ninguna dificultad de adaptación a los objetivos de esta Ley y que no exige modificaciones específicas.

Objeto de la Ley: "La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico, el procedimiento administrativo común y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, siendo aplicable a todas ellas" (art. 1).

Ámbito de aplicación:

1. Se entiende, a los efectos de esta Ley, por Administraciones Públicas:

    1. La Administración General del Estado.
    2. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
    3. Las Entidades que integran la Administración local.
2. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualesquiera de las Administraciones Públicas, tendrán asimismo la consideración de Administración Pública. Estas Entidades sujetarán su actividad a la presente Ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación" (art. 2).

Esta ley fue modificada por otra, la Ley 4/1999, de 13 de enero. En el ámbito local, la modificación de la Ley 30/1992 por medio de la Ley 4/1999 ha supuesto la reintroducción del Recurso Administrativo de Reposición. De esta forma, tanto los actos que ponen fin a la vía administrativa, como los actos y resoluciones de trámite que decidan el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable, son susceptibles de ser recurridos en Reposición ante el mismo órgano que los dictó, si bien esta facultad es potestativa, pues podrá acudirse directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, abriendo así la vía judicial.

El artículo 1.2.c incorpora expresamente a la Administración Local en su ámbito de aplicación.

 

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